El Rincón de Estudio

Baste recordar, que hasta antes de la Constitución de 1950 –es decir, hace apenas 60 años– las mujeres salvadoreñas no podíamos ejercer el voto y menos aún podíamos aspirar a un cargo público de elección. Las condiciones de discriminación y de exclusión de las mujeres desde la independencia hasta 1950 estaban legalmente justificadas por las disposiciones del Código Civil de 1860. Por ejemplo, el artículo 183 establecía: “El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirle a donde quiera que él traslade su residencia”, mientras que el 138 definía: “Sin autorización del marido, no puede la mujer casada parecer en juicio, por sí, ni por procurador; sea demandada o defendiéndose”, ni mencionar el 182 que obligaba a las mujeres a “guardarle obediencia a sus maridos”.

Sorprendentemente, estos artículos quedaron derogados hasta la aprobación de la Constitución de 1983 y del Código de Familia de 1993.

Debemos reconocer que en la historia por los derechos de las mujeres no han sido los gobernantes ni los partidos políticos los que han llevado la iniciativa de estos procesos; ha sido más bien la lucha incansable de cientos de mujeres salvadoreñas –de los más diversos sectores sociales e ideológicos– la que ha hecho posible que las actuales generaciones de mujeres gocemos de derechos que les fueron negados a ellas.

Es por ello de justicia reconocer la labor de Prudencia Ayala –encarcelada y catalogada de “loca escandalosa” por presentarse en 1930 a la Alcaldía de San Salvador a solicitar el voto femenino y su inscripción como candidata a la Presidencia de la República–. También el aporte de la Confraternidad de Señoras de la República, promotoras de sufragio femenino, y con sus 22 miembros muertas a tiros por el ejército durante una marcha de protesta. Debemos recordar los nombres de mujeres como Lydia Valiente, María Loucel, Ana Rosa Ochoa, Claudia Lars, Lilian Serpas, Lavinia Flores, Margarita de Nieva, Rosa América Herrera, Laura de Paz, Mercedes Maití de Luarca, Clara Luz Montalvo, Tránsito Huezo Córdova de Ramírez y Mercedes Altamirano, que durante la dictadura militar de 1931 a 1994, y desde ámbitos como el periodismo, la literatura y las ciencias, defendieron no solo el derecho al voto de las mujeres sino el de opinar, proponer y ser reconocidas como fuerza social, económica y política. Estas y otras muchas mujeres tuvieron una participación destacada en el movimiento cívico que derrocó la dictadura militar en 1944 e hicieron posible que la Constitución Política de 1950 reconociera el derecho pleno de las mujeres al voto y a ser escogidas en cargos de elección popular. Gracias a su lucha, fue posible en 1954 la elección de Adela Van Severen como primera alcaldesa del país.

Por supuesto que todavía existe mucho camino por recorrer y muchos obstáculos por superar para que la sociedad salvadoreña pueda considerarse una sociedad con igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Camino que el Estado debe contribuir a allanar, si se toma en cuenta que el reconocimiento de la igualdad jurídica de las mujeres salvadoreñas es una realidad que tiene un rezago de 129 años con respecto a los hombres.

Fuente: La Prensa Gráfica